Nuestros niños son sagrados: la hora de despertar ante la deconstrucción del ser humano

Cuando una sociedad empieza a discutir qué significa ser persona, los primeros que hay que proteger son los niños. Y esa protección no puede depender del gobierno de turno.

Hay preguntas que incomodan. Preguntas que una sociedad intenta silenciar, ridiculizar o convertir en tabú. Pero cuando esas preguntas tienen que ver con nuestros niños, callar deja de ser una opción responsable.

En pocos días, Colombia ha visto una secuencia de hechos que no son casualidad, sino la misma discusión abriéndose paso por distintas puertas del Estado. El 13 de septiembre, el creador de contenido mexicano Samuel Adrián fue detenido en el aeropuerto El Dorado y sometido a diez días de privación de libertad por desacato, tras no retirar de sus redes el documental «Colombia: Fábrica de Niños Trans», cuya eliminación había sido ordenada por el Juzgado 16 Civil Municipal de Cali en diciembre de 2025 y confirmada por el Juzgado 13 Civil del Circuito. Al día siguiente, el propio presidente de la República se pronunció públicamente sobre el caso. Una bancada de congresistas ya había radicado, el 26 de agosto, el Proyecto de Ley 211 de 2026, la «Ley Laura, niños no experimento». Y el 17 de septiembre la Cancillería retiró a Colombia, con efecto inmediato y sin mayor explicación pública, de la Coalición por la Igualdad de Derechos, cuya copresidencia el país compartía con España.

Se puede celebrar el retiro de la coalición, indignarse con el arresto y esperar el trámite de la ley. Nosotros queremos proponer otra lectura, más incómoda para todos: estos cuatro hechos muestran que la suerte de la infancia colombiana sigue atada, en el fondo, al péndulo político. Un gobierno firma, el siguiente retira. Una administración promueve un protocolo, la siguiente lo suspende. Y mientras tanto, el cuerpo de un niño que recibió bloqueadores hormonales no se rige por ciclos electorales: se rige por la biología, y algunas de sus consecuencias no tienen retorno y lo acompañarán por el resto de su vida.

Por eso la pregunta de fondo no es de qué lado está el Ejecutivo. La pregunta es qué es el ser humano. Todo lo demás se deriva de ahí.

Un niño no es una tesis

Un niño no es una teoría. No es una construcción ideológica. No es propiedad del Estado ni de una institución. No es un instrumento para demostrar una tesis, ni la propia ni la ajena.

Un niño es una persona. Y para quienes creemos en Dios, es mucho más: es una criatura creada a su imagen y semejanza, portadora de una dignidad que nadie le concede y que nadie puede quitarle. No la otorga el Estado. No la otorga un diagnóstico. No la otorga una coalición internacional ni se pierde cuando un país se retira de ella.

La dignidad no depende del reconocimiento: es previa a él. Un régimen jurídico que lo olvide terminará administrando derechos como quien administra un presupuesto, y los recortará cuando cambien las prioridades.

El cuerpo tiene un lenguaje

San Juan Pablo II, en su Teología del Cuerpo, nos dejó una de las claves más profundas para entender lo que está en juego: el cuerpo humano no es un accesorio de la persona. Es parte de la persona. Tiene un lenguaje, un significado y una verdad.

El cuerpo nos recuerda que hemos recibido nuestra existencia. Que no somos nuestros propios creadores. Que nuestra identidad no comienza en una decisión. La persona es una unidad de cuerpo, alma y espíritu donde ninguna dimensión funciona aislada; por eso no podemos hablar de identidad ignorando el cuerpo, ni tratar al cuerpo como materia neutra que la voluntad redefine a su antojo.

La diferencia sexual tampoco es un accidente. Dios creó al ser humano varón y mujer, con roles, capacidades y psicologías distintas, pero con una misma dignidad. Esa diferencia no es una limitación: es parte de la riqueza de la creación, de la complementariedad y de la capacidad humana de amar y dar vida.

¿Qué le sucede a una cultura que logra convencer al ser humano de que su cuerpo no tiene una verdad propia?

No nacemos para inventarnos: recibimos una naturaleza

Aquí está uno de los grandes puntos de ruptura de nuestra época. La antropología cristiana sostiene que la naturaleza humana nos precede. No empezamos como una página en blanco, como una tabula rasa. Recibimos un cuerpo, una naturaleza, una dignidad, una realidad sexual que no inventamos. Y precisamente porque la recibimos, tenemos la responsabilidad de custodiarla.

Dignitas Infinita, la Declaración del Dicasterio para la Doctrina de la Fe de 2024, lo dice con claridad —y no es una interpretación nuestra, es la posición del Magisterio—: la dignidad humana es inherente al ser de cada persona y el cuerpo participa de esa dignidad. Frente a la teoría de género, el documento señala que existe una diferencia sexual que no puede eliminarse; que el sexo biológico y el rol sociocultural pueden distinguirse, pero no separarse; y advierte que esa teoría puede convertirse en una forma de «colonización ideológica» cuando pretende borrar las diferencias sexuales e imponerse como pensamiento único. Especialmente grave es su advertencia final: no es aceptable que determinadas ideologías lleguen a determinar cómo deben ser educados los niños.

Ya en 2016, Amoris Laetitia (n. 56) advertía que la ideología de género niega la diferencia y la reciprocidad natural entre el hombre y la mujer, vaciando el fundamento antropológico de la familia, y que llega a expresarse mediante proyectos educativos y directrices legislativas: no se queda en el seminario académico. Baja al aula y sube al Congreso.

El interés superior del niño exige protección, no experimentación

La defensa de la infancia no depende de una convicción religiosa. El artículo 44 de la Constitución colombiana establece que los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás, y la jurisprudencia ha desarrollado el principio del interés superior del niño. Eso no es poesía constitucional: es una regla de desempate.

Y esta no es una discusión hipotética. En noviembre de 2025, respondiendo a una orden judicial, la Fundación Valle del Lili informó que había realizado 80 «tratamientos afirmativos de género» a menores de edad —no una cifra de un documental, sino entregada por la propia institución, por mandato de un juez—. Esa es la escala real de lo que está en discusión. Y si de verdad creemos que el interés del niño está por encima del de los adultos, cabe una pregunta incómoda: ¿por qué habríamos de aceptar que los menores sean el terreno donde se dirimen nuestras disputas antropológicas, educativas o médicas?

La ciencia merece respeto precisamente porque busca la verdad, pero no puede usarse como palabra mágica para clausurar una discusión: cuando hay dudas, se investigan; cuando hay consecuencias irreversibles, se exige máxima prudencia. No lo decimos desde la trinchera. El informe Cass, en Inglaterra, provocó una revisión profunda del modelo de atención y llevó al NHS a una aproximación mucho más cautelosa frente a estas intervenciones en menores. La conclusión es sencilla: si existen dudas razonables y consecuencias potencialmente permanentes, investiguemos más, no menos.

Porque el niño no tiene por qué pagar el precio de nuestras certezas.

Acompañar a un niño que sufre no es abandonarlo a sus incertidumbres, ni validar automáticamente cada percepción. Protegerlo es ayudarlo a crecer, con amor, prudencia y responsabilidad.

Los padres no son invitados

Aquí aparece una verdad que no podemos seguir relegando: los padres no son invitados en la educación de sus hijos. Son sus primeros responsables.

El jurista español Benigno Blanco lo ha defendido con solidez: los padres tienen un derecho preferente a educar a sus hijos conforme a sus convicciones, y a exigir que el Estado respete ese ámbito. No se trata de negar el deber estatal de proteger a los menores, sino de recordar que la familia existe antes que el Estado y que ninguna burocracia puede sustituir del todo una responsabilidad que no le pertenece.

El Estado no engendra a los niños. No los acompaña en sus noches de fiebre. No estará ahí dentro de veinte años para responder por las secuelas de un protocolo apresurado.

Por eso, cuando una institución pretende transmitir a un niño una determinada concepción del ser humano, es legítimo que sus padres pregunten:

¿Qué le están enseñando?

¿Por qué se lo están enseñando?

¿Con qué fundamento científico y antropológico?

¿Y cuál es mi derecho a conocerlo, discutirlo y participar?

Educar no es deconstruir

En 2019, la Congregación para la Educación Católica publicó «Varón y mujer los creó» como propuesta de diálogo sobre el gender en la educación: la educación debe ayudar al niño a comprenderse desde la verdad de la persona humana, no desde una construcción puramente subjetiva.

Porque educar no es decirle a un niño que puede convertirse en cualquier cosa que imagine. Educar es ayudarlo a descubrir la verdad sobre sí mismo, sobre los demás y sobre el mundo.

Dale O'Leary, autora de El programa del género: cómo defender la dignidad humana, ha analizado los orígenes y estrategias de la agenda de género en la educación. Su aporte permite entender que la disputa no se libra solo en los parlamentos o los hospitales: se libra en el lenguaje y en los contenidos escolares. Por eso la defensa de la infancia no puede limitarse a reaccionar cuando ya hay una intervención médica en curso. Empieza mucho antes.

La doctora Anca-Maria Cernea, médica e intelectual católica rumana, llevó esta preocupación hasta los sínodos de la Iglesia: detrás de ciertas transformaciones culturales sobre sexualidad, familia e identidad hay una batalla antropológica que busca cambiar las categorías con las que comprendemos al ser humano. Y si equivocamos la respuesta, las consecuencias llegarán a la familia, a la escuela y, al final, a nuestros hijos.

El fallo que le pidió al país hablar sin nombres

Llegamos al punto más revelador. Si estas preguntas son legítimas —y lo son—, ¿por qué se ha vuelto tan costoso formularlas?

No hablamos desde la intuición. Claudia Escobar García —abogada, filósofa, experta en derecho constitucional y exmagistrada auxiliar de la Corte Constitucional— publicó en Ámbito Jurídico (Legis), el 20 de junio, un análisis de esas decisiones bajo un título que hoy se lee como advertencia: «Paradojas y escollos de las restricciones judiciales al documental sobre la industria trans en Colombia». Escribió entonces que la restricción era severa, técnicamente deficiente y que además no protegía a quien decía proteger. Fue tres meses antes del arresto.

Vale la pena detenerse en lo que esas providencias sostienen, porque el problema no está en de qué lado quedan: está en cómo están construidas.

Primero, el examen indiferenciado. El documental alude al médico accionante por cuatro vías distintas —contenidos preexistentes de circulación pública, el testimonio de Laura, una entrevista con cámara oculta y su rol institucional—, situaciones jurídicamente muy distintas que los fallos trataron como una sola. Y sin embargo omitieron la distinción que sí existe en la jurisprudencia constitucional entre datos públicos, semiprivados, privados y sensibles: asumieron para todo el esquema más robusto, cuando lo que el documental expuso fue el rol profesional del médico y lo que él mismo declaró sobre protocolos y efectos, no su vida familiar, su salud o sus finanzas. La pregunta por el consentimiento solo tiene sentido frente al segmento grabado con cámara oculta; no frente a un video que él mismo difundió, y menos frente al testimonio de una paciente sobre su propia historia clínica.

Segundo, la desvinculación imposible. El accionante no es un particular anónimo señalado al azar: es un referente nacional en la atención médica de menores con disforia de género, que ha hecho uso intensivo y voluntario de su propia libertad de expresión para difundir su posición. Quien ocupa ese lugar debe soportar un mayor nivel de escrutinio. Por eso resulta más grave todavía que el Juzgado 13 Civil del Circuito reprochara que el documental no ofreciera «una exposición abstracta de una postura ideológica» y en cambio lo individualizara. Léase despacio lo que eso implica: la libertad de expresión gozaría de protección plena solo mientras permanezca alejada de los rostros concretos que le dan sustrato. Pero el drama de la destransición solo se comprende cuando toma la forma de personas de carne y hueso. Exigir crítica sin nombres es exigir una crítica que no critica nada.

Tercero, la desproporción del remedio. El arresto es la herramienta más radical de las que dispone un juez de tutela, y aquí se sumó a una multa de quince salarios mínimos y a un proceso penal contra alguien que ni siquiera reside en el país. El resultado fue el contrario del buscado: hoy la noticia no es que exista un documental crítico, sino que la justicia lo silenció, y la obra se mira con más interés por lo prohibido. Como cuando otro juez prohibió usar la camiseta de la Selección con fines no deportivos y los colombianos se la pusieron en masa: el prohibicionismo judicial suele producir el efecto que pretendía evitar.

La censura nunca ha sido una buena fórmula para reconducir el debate de una sociedad. Y una posición que necesita silenciar a sus críticos está confesando algo sobre la solidez de su evidencia.

Hay algo más que debería preocupar incluso a quienes celebran el fallo: la censura tampoco protegió al accionante. En un debate abierto habría podido rebatir con rigor el libreto bajo el cual se lo critica; la vía judicial lo dejó en el peor lugar posible, el de quien parece necesitar el silencio de otros. Queda una puerta procesal abierta —la Corte Constitucional puede seleccionar el caso para revisión—, pero este debate no puede descansar en la esperanza de un fallo favorable.

Y esto vale para todos, incluidos nosotros. Quienes defendemos la «Ley Laura» debemos aceptar el mismo estándar: argumentar, aportar evidencia, escuchar objeciones y responderlas. Preguntar no es delinquir. Debatir no es odiar. Investigar no es censurar. No pedimos privilegios; pedimos que la discusión ocurra.

La infancia no puede depender del péndulo

Volvamos al 17 de septiembre. La nota diplomática con la que Colombia salió de la Coalición por la Igualdad de Derechos no explicó sus motivos, y renunció de paso a una copresidencia que el país compartía con España. Pero el motivo no es ningún misterio: encaja con precisión en una línea de gobierno que el propio presidente ha explicado en público. Y ahí está el problema, aunque suene contradictorio: no es que a este gobierno le falten razones. Es que esas razones son solo de este gobierno.

Si hoy basta la convicción de un presidente para retirar a Colombia de un compromiso internacional, mañana bastará la convicción del siguiente para reingresar, y pasado mañana la del que venga después para volver a salir. Los niños no pueden vivir a merced de ese vaivén, así el ánimo de turno les sea favorable. Por eso la protección de la infancia frente a intervenciones irreversibles no debe descansar en la simpatía ideológica del gobierno de turno —ni siquiera en uno con el que coincidimos—, sino en tres pilares que no se mueven con las elecciones: el artículo 44 de la Constitución, la evidencia científica revisada con rigor y el derecho preferente de los padres.

Y aquí las dos mitades de esta historia se encuentran. Al juzgado de Cali le habría gustado un debate sin nombres propios. Pero las leyes no nacen de discusiones teóricas: nacen de injusticias concretas, de personas que sufrieron algo que nadie debió permitir. Laura fue diagnosticada con disforia de género, según se ha reportado, de manera precipitada a los quince años, y en la misma fundación fue sometida a tratamiento hormonal y a una cirugía de masculinización. Tiempo después se arrepintió de los efectos físicos y psicológicos y demandó a los responsables. Por eso el proyecto lleva su nombre. Uno puede hablar durante años de «hormonización de menores» sin que nadie entienda de qué se trata; el país entiende cuando escucha a una joven que se dio cuenta tarde y hoy vive con las consecuencias.

Ahí está el sentido del Proyecto de Ley 211 de 2026, impulsado por Luis Miguel López Aristizábal, Andrés Forero y otros congresistas de la bancada provida: establecer medidas de protección para niños, niñas y adolescentes frente a intervenciones hormonales, bloqueadores de pubertad y procedimientos quirúrgicos de afirmación de género, con excepciones para condiciones médicas específicas y disposiciones sancionatorias.

Y aquí conviene decir con precisión cuál es hoy la posición del Estado colombiano, porque no se reduce a un comunicado de Cancillería. El 14 de septiembre, al día siguiente del arresto de Samuel Adrián, el propio presidente Abelardo de la Espriella escribió en su cuenta oficial que el caso «debe abrir un debate nacional» y pidió al Congreso legislar sobre estos procedimientos, invocando el mismo artículo 44 que sostiene el argumento de esta columna. No fue un gesto aislado: días antes había asumido como ministra de Educación Ilva Hoyos, jurista con trayectoria en defensa de la vida y la familia, y desde febrero el senador Mauricio Giraldo pedía al Consejo de Estado anular la circular que habilita estos procedimientos en menores. El retiro de la coalición, tres días después, es la pieza más visible de una línea de gobierno deliberada, no un capricho aislado —y en eso coincide con lo que esta columna defiende—. Pero sigue siendo, en su mayor parte, voluntad del Ejecutivo, y nada de eso obliga al próximo gobierno. Lo único que sí lo hará es una ley de la República. Por eso el verdadero examen de esta administración no es lo que ya dijo, sino si acompaña con hechos legislativos el tránsito de la Ley Laura hasta que deje de depender de quién ocupe la Presidencia.

Para Unión Familia esto tiene un significado especial: Luis Miguel López hace parte de nosotros. Su presencia en el Congreso representa una voz que lleva al escenario institucional lo que compartimos: la defensa de la vida, la familia, la dignidad humana, la niñez y la libertad de los padres para educar a sus hijos.

Pero el mérito no está en radicar un proyecto. Está en obligar al país a responder preguntas que muchos han temido formular: ¿Quién protege al niño cuando los adultos están en desacuerdo? ¿Qué límites debe tener la intervención médica sobre un menor? ¿Qué papel corresponde a los padres? ¿Qué evidencia debemos exigir cuando están en juego decisiones irreversibles?

Y sobre todo, la pregunta que también nos interpela a nosotros:

¿Estamos protegiendo al niño, o estamos utilizando al niño para defender nuestras propias convicciones?

Que un proyecto así se tramite —con audiencias, con médicos, con juristas, con las familias afectadas y también con quienes discrepan— es lo que distingue a una democracia de un decreto. El Congreso tiene una obligación que no puede eludir: debatirlo a fondo, a la luz pública, con la seriedad que merece la infancia.

Cuatro peticiones concretas

Una columna que solo se indigna no sirve de nada. Por eso pedimos algo preciso, y a cada quien lo que le corresponde.

A la Defensoría del Pueblo: verificar que en este caso se hayan respetado el debido proceso y los derechos fundamentales, y pronunciarse sobre los estándares que protegen la libertad de expresión cuando están de por medio contenidos de interés público.

A los jueces de la República: garantizar los principios de necesidad y proporcionalidad en las órdenes de retiro de contenidos y en los trámites de desacato, y evitar que una decisión judicial produzca —directa o indirectamente— un efecto de censura incompatible con la Constitución.

Al Congreso: tramitar el Proyecto de Ley 211 de 2026 mediante un debate público, plural y basado en evidencia; escuchar a expertos independientes, profesionales de la salud, padres de familia, organizaciones de protección de la niñez y personas con experiencias diversas, incluidas las de detransición.

A la Presidencia: defender públicamente tanto la protección integral de los niños como la libertad de expresión, y garantizar que ningún ciudadano sea perseguido por participar pacíficamente en un debate de interés público.

Que quede claro lo que no pedimos. No pedimos impunidad. No pedimos desconocer a los jueces ni negar a nadie el derecho a proteger su honra. No pedimos atacar a quienes piensan distinto, ni desconocemos que respetables organizaciones médicas sostienen posiciones diferentes de la nuestra. Nuestra preocupación no nace del rechazo hacia ninguna persona: todo niño, sin excepción alguna, merece dignidad, respeto, cuidado y protección.

Pedimos que Colombia siga siendo una democracia donde se pueda preguntar, investigar, debatir y disentir. Y que, cuando se trate de nuestros niños, la prudencia, la evidencia y su interés superior estén por encima de cualquier presión ideológica, política o cultural.

Nuestros niños son sagrados

La Iglesia nos recuerda una verdad que nuestra época necesita volver a escuchar: la persona humana no se fabrica, no se programa, no se diseña, no se reinventa desde cero. Se recibe como don. Se acompaña, se educa, se ama, se protege.

Y el niño, precisamente por su vulnerabilidad, merece que los adultos pongamos nuestro conocimiento, nuestra ciencia, nuestras instituciones y nuestras leyes a su servicio. No al revés. No podemos pedirle a un niño que cargue con las guerras culturales de los adultos. No podemos convertir su cuerpo en un campo de batalla, su identidad en un laboratorio, su infancia en el territorio donde ensayamos nuestras teorías.

Padres de familia, educadores, médicos, legisladores, hombres y mujeres de fe: la hora de despertar es esta. No para gritar más fuerte, sino para argumentar mejor y no dejar de hacerlo. Con la verdad, con la ciencia, con el derecho y también con la fe.

Antes de preguntarnos qué podemos hacer con un niño, debemos preguntarnos qué estamos obligados a hacer por él: protegerlo, acompañarlo, educarlo y decirle la verdad.

«Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.»
Juan 8, 32